ENSAYO FINAL

LA PANDEMIA, LA CORRUPCION Y LOS ORGANOS DE CONTROL.

Presentado por:

SILVIA PATRICIA GOMEZ RENTERIA

Presentado al tutor:

DANIEL ROJAS

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA.

ORGANIZACION DEL ESTADO COLOMBIANO Y FORMAS ORGANIZATIVAS DEL ESTADO A NIVEL TERRITORIAL

CETAP MIRANDA CAUCA.

ABRIL 2020

LA PANDEMIA, LA CORRUPCION Y LOS ORGANOS DE CONTROL.

Introducción

Hoy el país afronta dos grandes crisis, la pandemia del COVID-19 o corona virus y la corrupción desde todos los entes del Estado que cada día azota más nuestro territorio, pues diariamente escuchamos denuncias acerca de supuestos malos manejos que se le dan  a los recursos públicos desde los entes nacionales y territoriales. Ya que hay quienes buscan sacar provecho de la desgracia ajena en tiempos de crisis y por esta razón por primera vez la contraloría, la fiscalía y la procuraduría general de la nación, que son los máximos órganos de control establecen un frente común para salvaguardar los dinero públicos, y poder  mitigar los riesgos de corrupción por la emergencia covid-19, previniendo males mayores, y juzgando la conducta de quienes resulten responsables.

Por tal motivo decidieron unirse y  sumar esfuerzos para estar en una constante vigilancia en tiempo real y poder estar alerta  del manejo que se le vine dando a los dineros destinados a atender la más grave emergencia que se ha afrontado en la historia del país como lo es el COVID- 19 o coronavirus.

Los tres organismos convinieron, en el marco de sus competencias, organizar desde el inicio de esta pandemia un equipo formado por servidores de alto nivel para hacer frente a la corrupción en la que puedan incidir funcionarios de todo orden, ya que  indispensablemente se requieren de la aprobación de paquetes o medidas sociales para aliviar a los sectores más vulnerables de la población durante este estricto aislamiento y por esta razón hoy abundan las denuncias de anomalías que han demostrado la importancia de la lucha contra la corrupción en medio de esta emergencia.

Desarrollo

La contratación pública, los cobros indebidos, los casos de sobrecostos y la distribución de las bolsas de comida son un terreno fructífero para las malas prácticas politiqueras y de corrupción a las que las autoridades ya han declarado la ofensiva y no permitir que los recursos quede en manos de unos cuantos sin llegar a la población vulnerable que es la que realmente lo necesita en este momento, el objetivo de la unión  de estos órganos de control  es coordinar y concretar acciones contra los corruptos, castigar a quienes se están robando los recursos del Estado aprovechando los trámites de contratación.

Desde sus áreas de competencia han inspeccionado a la fecha  7.756 contratos celebrados, casi todos  bajo la figura de la urgencia manifiesta. Encontrándose en muchos de estos anomalías que se traducen en sobrecostos en los productos que componen los kits de alimentación para comunidades vulnerables y también en equipos y material hospitalario.

En la primera novedad entregada por el grupo élite, conformado por los entes de control e investigación, se informa la apertura de indagación preliminar por siete sospechosos contratos con aparentes sobrecostos y favorecimiento a contratistas suscritos por las Gobernaciones del Atlántico, de Elsa Noguera; la del Cesar, de Luis Alberto Monsalvo; Santander en cabeza de Mauricio Aguilar y Arauca de Facundo Castillo  para el suministro de alimentos e implementos médicos. Donde el contralor Felipe Córdoba manifestó "Llegamos rápidamente y actuamos en conjunto las tres instituciones y con efectividad fuimos los que alertamos del atún a $19 mil, del jabón a $33 mil, del chocolate a $9 mil".

Es vergonzoso, que ante esta crisis de salubridad que estamos viviendo los colombianos, se complemente la pandemia de la corrupción. Era de esperarse, de que nuestra clase política  no se contuvieran por el covid-19 o coronavirus para hurtarse los dineros públicos, pues encontraron el momento perfecto para hacer lo que mejor saben, lucrarse con los recursos de las poblaciones más vulnerables. Ya que a través de los decretos de emergencia social y económica se les permite a los mandatarios locales disponer de los recursos públicos.

Y quienes en medio de la crisis, han hecho su agosto jugando con la necesidad de los ciudadanos. Nos encontramos casos como el de Arauca, donde el precio de la sal estaba  en 145 % por encima de los precios del mercado; el de la panela estaba al parecer inflado 206 % y el de la pasta estaría 211 %. En Guaduas, Cundinamarca, encontraron presuntos sobrecostos hasta de 374 % en los mercados de plaza para un Hogar de Bienestar. Un kit de mercado ha sido cotizado en algunas regiones en $184.500, cuando la verificación de costo referenciado con cifras del DANE es de $152.294, es decir, cerca de $30.000 por encima. En Coveñas estarían oscilando entre el 21,3 % y el 31,7 % de más en alimentos como arroz, pasta, aceite y lentejas. En Barrancabermeja esos mismos presuntos sobrecostos han llegado hasta 38,8 % en productos de la canasta básica.

Hay que recordar también las denuncias que se presentaron por las irregularidades  en la entrega de subsidios a colombianos a través del programa Ingreso Solidario. Programa que se diseñó con el objetivo de beneficiar a las familias de bajos ingresos económicos con la entrega 160.000 pesos por parte del gobierno nacional para  aliviar la crisis que vive el país por la pandemia de coronavirus. Pero varios colombianos reportaron que la plataforma reconocía el beneficio a números de cédula aleatorios, como 123456 o 111111. Lo que generó sospechas sobre la transparencia en la asignación del mismo. Debido a estas denuncias la Registradora Nacional comunicó que, tras conocer las acusaciones, halló que casi 17.000 documentos de identidad de colombianos que recibirán algún beneficio solidario “presentaban inconsistencias”. Es decir, errores en los números o entrega de ayudas a personas fallecidas. Lo que hizo saltar todas las alarmas y desconfiar de todas las bases de datos del Estado.

Los escándalos presentes con los subsidios del programa “Ingreso Solidario” es la prueba indudable de que la deshonestidad en el manejo de los recursos se debe al oportunismo sistemático y desvergonzado en la administración de los recursos públicos y que el Covid-19 o Coronavirus  ha sido la oportunidad “dorada” que necesitaban estas organizaciones delincuenciales para articular con premura, el desvío de estos recursos, en especial en un periodo de aparente “austeridad”.

Todo este escenario  que se viene presentado lleva a los ciudadanos a  ser pesimistas y demostrar muy poca credibilidad en el gobierno ya que vemos un panorama incierto pues hemos perdido la confianza y queda como siempre  demostrado  la justificación de la trampa. Actualmente estamos escandalizados por estos casos de corrupción pero en realidad parece que cada día nos acostumbramos, se vuelven noticias de momento y al final del día ya está todo olvidado, conocemos del abuso del poder donde se beneficia a unos pocos a costa de muchos, causando  daños muy serios la toda la sociedad, y que usualmente queda en la impunidad por miedo a denunciar, desconocimiento o sobornos.

Ahora, supuestamente para todos la práctica de la “Corrupción” es  aterradora y esta  incrustada en la sociedad colombiana, entonces me pregunto ¿A qué debe su existencia? Sera que se puede decir que las Leyes están diseñadas para robar al Estado a lo grande, y donde se han creado probabilidades de salir impune o de minimizar la pena y por consecuencia, facilitar el lavado de activos con familiares y terceros.

Conclusiones

Para concluir los órganos de control deben crear todas las estrategias para impedir hechos de corrupción como los registrados con los auxilios a los damnificados de la avalancha en Armero, el terremoto de 1999 en el eje cafetero y la avenida torrencial de los ríos en Mocoa, para traer a colación unos ejemplos. En Armero se extraviaron toneladas de elementos donados por la comunidad internacional, otros finalizaron en las casas de descanso de funcionarios responsables del manejo de la logística para la atención del desastre y los de mayor impacto, como ambulancias donadas por Estados Unidos, Europa  y Japón, sencillamente nunca llegaron a su destino. Sin hablar del dinero que fue recaudado, que se estima que habría alcanzado para reconstruir el pueblo y entregarle casa a cada uno de los sobrevivientes, cosa que no se dio. Se registraron como damnificadas 65.000 personas y Armero tenía unos 40.000 habitantes, más de la mitad fallecieron en la avalancha. Escenario similar pasó con el terremoto del eje cafetero, donde bienes almacenados no llegaron a los afectados y el dinero fue desviado o lo malgastaron en costosos trámite. En Mocoa las ayudas humanitarias se dañaron en las bodegas de recolección.  

En este momento la Contraloría General en cabeza de Felipe Córdoba están actuando de manera oportuna y han manifestando que es posible atacar la corrupción desde su origen a través de las alertas tempranas; la Fiscalía General al frente de Francisco Barbosa también se ha unido para adelantar investigaciones penales por corrupción y el Procurador General en cabeza de Fernando Carillo, han avisado que existen sobrecostos en alimentos y equipos médicos que están siendo adquiridos por diferentes entes territoriales para atender la emergencia y que hay inconsistencias en la compra de productos incluyendo  los mercados entregados a familias de escasos recursos y que estos  alcanzan precios que superan hasta cinco veces el valor de las centrales de abastos. También sea podido evidenciar que algunos apoyos se le han entregado a población que no es vulnerable y que se han firmado contratos que poco o nada tienen que ver con asistencia social, como afanosas campañas publicitarias para publicar resultados en medio de la contingencia, donde se observan claros fines políticos.

Es fundamental garantizar la transparencia, evitar que la corrupción ponga sus manos en los recursos de los más necesitados bajo el amparo del estado de emergencia pues los entes territoriales están facultados para hacer contrataciones directas, y es aquí donde los órganos de control deben poner la lupa, y evitar que siga pasando que la corrupción se lleve los recursos de los más necesitados y que estos hagan un buen trabajo dejando a un lado el tinte político, los sobornos y las mermeladas.

BIBLIOGRAFIA

·         EL NUEVO SIGLO columna Wilson Ruiz La pandemia de los corruptos

·         CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Página Oficial